Nuevamente funcionarios pertenecientes a la Municipalidad de San Jaime de la Frontera se ven involucrados en “violencia laboral”, sufridas por dos empleadas, totalmente en la informalidad y desvinculadas en forma arbitraria y sin ninguna explicación, quienes dialogaron con TAL CUAL CHAJARI y se expresaron sobre estas circunstancias.
Romina Corradini y Cecilia Vargas, eran dos empleadas municipales que ingresaron en el 2019 al Municipio. Romina como encargada administrativa del Corralón Municipal, donde llevaba control de horas extras, herramientas y/u otras actividades propias de su puesto y Cecilia como integrante administrativa del sector contable municipal, donde liquidaba quincenas, contratos, controlaba facturas ingresadas, etc.
Luego de la asunción de las nuevas autoridades encabezadas por la Intendenta Mirian Díaz, Romina Corradini fue desplazada de su tarea administrativa hacia trabajo en plazas y espacios públicos.
Con algunos días de diferencias Cecilia Vargas, también es desplazada e intempestivamente es enviada a espacios públicos también para cumplir tareas de limpieza, con algunas frases despectivas como “ahora comprate unas botas de gomas para trabajar”.
No obstante, las mujeres no objetaron el cambio de status en sus tareas, cuestión que ya es reprochable desde un criterio netamente laboral, lo que solicitaban que sus ingresos que eran de unos $ 164 mil pesos mensuales, no sean menguados en la cantidad ya que “nos habían dicho que los que trabajan en la calle ganan menos que los oficinistas”.
De hecho, luego de las primeras liquidaciones de sus nuevas tareas, sus remuneraciones descendieron a unos $ 100 mil pesos aproximadamente.
Evidentemente esto causó en las empleadas un nivel de stress y complicaciones de salud que desembocaron en un pedido de licencias constatado con certificados médicos pertinentes, historias clínicas presentada por profesionales, entre otros documentos para verificar la situación.
La situación laboral empeoraba a tal punto que el 4 de julio se le comunica a Romina que queda desvinculada de la Municipalidad y Cecilia el 6 de junio.
Ambas a partir de allí deciden concurrir al Juzgado de Paz a cargo del Dr. Cristian Fernández quien las asesora en función de las demandas de las ex empleadas y resuelve su incompetencia, enviado la causa al Juzgado Civil y Comercial N° 1 a cargo del Dr. José Manuel Lena.
En primera instancia se da la razón a las demandantes, la Municipalidad de San Jaime apela ante la Cámara laboral y se vuelve a ratificar el fallo de primera instancia.
En algunos de los párrafos de esta sentencia ratificatoria destaca que “el relato de la denunciante y de otra compañera de trabajo que habría iniciado una denuncia similar y tramita ente el Juzgado Civil y Comercial N° 2- reflejan versiones detalladas y contextualizadas, y con visos de credibilidad, «de donde se puede inferir un trato desigual, arbitrario y focalizado tanto en ella como en otra compañera por el hecho de haber pertenecido a una gestión política anterior», lo que ha generado según el informe -apunta- «Violencia económica… ante la reducción de sus ingresos», una situación de «Violencia simbólica/psicológica… al haberla expuesto a tareas de alta exigencia física a la vista de la población general a modo de mensaje o aleccionamiento…», y una situación de «Violencia institucional/laboral en tanto no se tomaría en cuenta la condición de su salud (pólipos uterinos) haciéndole llevar adelante tareas inconvenientes a su salud», sugiriendo distintas medidas a adoptar.
Cómo corolario de esta situación y ratificada por las propias denunciantes “el Gremio ni se metió, no hizo nada”, tampoco lo hicieron “ni los concejales oficialistas ni la oposición” y al decir de Romina y Cecilia “esta lucha es absolutamente de nosotras dos y que nadie se venga a colgar de nuestras t…” finalizaron diciendo las dos mujeres.
