El Fiscal General de Coordinación de la Jurisdicción Concordia, José Daniel Costa, ordenó la apertura de una causa para investigar las serias irregularidades denunciadas en la gestión del Aeroclub de Chajarí, luego de que el fiscal de aquella ciudad, Matías Argüello de la Vega, desestimara la denuncia bajo argumentos algo disparatados. La decisión de archivar la causa había generado un fuerte rechazo por parte del denunciante, Luis Alberto Tavella, ex tesorero de la institución, quien solicitó la revisión del caso.
El Fiscal General Costa fue quien revocó el archivo de la causa y ordenó su reapertura, destacando que existen elementos de convicción suficientes para sospechar la existencia de ilícitos cometidos por Julio César Cabo Dal Molin, presidente de la institución, y Marcelo Alberto Arbelais, secretario de la misma. Según la resolución judicial, la conducta denunciada podría encuadrarse en el delito de administración fraudulenta, al haberse afectado gravemente el patrimonio de la asociación civil.
La denuncia de Tavella, presentada el 4 de octubre de 2023, alertaba sobre presuntas irregularidades en el manejo de la entidad por parte de su Comisión Directiva. Sin embargo, apenas tres días después, el fiscal Argüello de la Vega ordenó el archivo de la investigación argumentando la aplicación del principio de «última ratio», es decir, que debía agotarse primero la vía administrativa ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos (DIPJER). Además, justificó su decisión bajo la supuesta falta de recursos del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante la investigación.
No obstante, el Fiscal General Costa rechazó estos argumentos, sosteniendo que la intervención de la DIPJER no reemplaza la investigación penal, sino que es complementaria a ella. En su resolución, también señaló que las irregularidades denunciadas presentan «un tenor de gravedad suficiente y de contenido, prima facie, ilícito», lo que justifica la intervención de la Justicia penal. Asimismo, cuestionó en duros términos la fundamentación del fiscal Argüello de la Vega, remarcando que la falta de recursos no puede ser una excusa válida para archivar una causa con indicios de ilicitud.
Oportunamente en noviembre pasado se había conocido sobre la polémica resolución del fiscal de Chajarí, quien había descartado la intervención del Ministerio Público Fiscal al considerar que la denuncia solo reflejaba «meras manifestaciones cuestionando el manejo y la administración de una persona jurídica por sus autoridades electas». Además, agregó que, incluso si existiera alguna irregularidad, ésta estaría «disfrazada y bajo el manto de un negocio jurídico lícito», y que investigar el hecho implicaría «un esfuerzo inútil para el Estado».
Sin embargo, para el denunciante, el problema trasciende una simple cuestión administrativa. La denuncia apunta a presuntas maniobras que podrían encuadrarse en delitos como defraudación, administración fraudulenta, falsificación de documentos y evasión tributaria. Además, sostienen que este tipo de conductas atentan contra la convivencia social al permitir el uso indebido de las instituciones civiles en beneficio personal, en perjuicio de la comunidad.
Con la decisión de Costa, la Unidad Fiscal de Chajarí deberá avanzar en la investigación, tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos y formalizar imputaciones si corresponde. La resolución también abre la posibilidad de que otros miembros de la institución puedan aportar información relevante sobre el manejo de los fondos del Aeroclub.
