La situación sanitaria de los Geriátricos a lo largo y ancho de la provincia no es ninguna novedad, y más aún si se le agrega cuestiones judiciales entre los familiares de los allí internados y los eventuales dueños o responsables de estas instituciones.
Tal es el caso de una mujer que denunció que no le permiten ver a su marido y revela irregularidades en un geriátrico ubicado en la localidad de General Ramírez.
Según la investigación periodística dos instituciones de una misma propietaria, una de ellas clausurada el año pasado, pero que sigue funcionando, mostró los detalles de un caso particular que desnuda una cruda realidad.
En septiembre de 2024 se dispuso la clausura de una residencia de la localidad de General Ramírez, Departamento Diamante, denominada “La Emilia II”.
La medida fue adoptada a través de una resolución oficial que detalla las razones por las cuales se dispuso el cierre inmediato del establecimiento.
Según el documento, la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores realizó una auditoría el 26 de enero de 2024 para verificar las condiciones en las que se encontraba la residencia. El informe concluyó que al ingresar al geriátrico se encontraron “33 residentes mixtos en un área común sin actividad programada, desalineados y con falta de aseo e higiene general, entre ellos tres residentes con discapacidad menores de 60 años”. Además, se destacó la “ausencia de seguimiento de las citadas personas y ausencia de profesionales”.
De acuerdo a la misma información quien figura como propietaria del lugar la Dra. Emilia Mabel Garcilazo, ex Directora del Hospital de San Jaime de la Frontera durante la anterior administración provincial.
Actualmente la profesional es funcionaria policial del Área de Sanidad de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.
Ante la búsqueda de responsables se logró una comunicación telefónica con la encargada de los geriátricos Andrea Domingo que es pareja de Javier Garcilazo, hermano de la propietaria, la Dra. Emilia Mabel Garcilazo.
Domingo confirmó que “los geriátricos están funcionando desde hace siete años” y que continúan haciéndolo mientras continúa el proceso legal en la justicia y administrativo en el Ministerio de Salud.
Afirmó también que “la justicia de Diamante trabajó en el geriátrico y que la justicia suele controlar a las personas con discapacidad que permanecen como residentes en el lugar”.
Asimismo, planteó que “muchas familias no pueden trasladar a sus adultos por los altos costos de otras residencias” y que en La Emilia I y La Emilia II “hay quienes pagan muy poco, de acuerdo a la posibilidad de cada residente”.
