La disolución del fideicomiso de la Ley de Bosques es mucho más grave de los que parece, considera Manuel Jaramillo, de Vida Silvestre y explica que Economía se quedó con $16.000 millones destinados a provincias y productores.
Una de las noticias relevantes al inicio de esta semana fue que un nuevo decreto del presidente Javier Milei, el 888/2024, eliminó sorpresivamente tres fideicomisos y que uno de ellos, era el que administraba el dinero del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
El fideicomiso llamado Fodobosque había acumulado 12.600 millones de pesos que estaban pendientes de transferencia a las provincias por los planes de protección de bosques nativos ejecutados en 2023.
El problema parece menor, pero en realidad abre un interrogante sobre cómo seguirá de acá en adelante la gestión de la Ley de Bosques en el gobierno de La Libertad Avanza.
Sucede que el fideicomiso había nacido en 2018, en la época del gobierno macrista, para gestionar de manera más ágil los fondos presupuestados por el ley 26331, o Ley de Bosques, que establecía la necesidad de que el Estado estableciera un fondo para resarcir o indemnizar o compensar a las provincias y los productores, propietarios de tierras, que por el imperio de dicha ley quedaban dentro de las “zonas rojas”, inmovilizadas, para conservación y sin posibilidad de realizar explotaciones de ningún tipo. Por este asunto el tema debería ser de mucho interés para una gran cantidad de productores.
Manuel Jaramillo, que es el director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, fue entrevistado por el programa Colonia Agropecuaria, y contó que el panorama es mucho más preocupante de lo que parece: no se trata de una simple eliminación de un fideicomiso sino de un “volantazo” en toda la política de protección de bosques desplegada por el Estado y las provincias desde 2006 a la fecha. De hecho, anoche se conoció la renuncia del director de Bosques a cargo de su implementación, Octavio Pérez Pardo.
