Gustavo Weiss, presidente Cámara de la Construcción de Argentina (CAMARCO), puntualizó que entre mediados del año pasado y el de este, la paralización de la obra pública en el país implicó que 120.000 empleados perdieran sus puestos.
Weiss hizo estas declaraciones en el Congreso de la organización que se celebró días atrás en Santa Rosa, donde detalló que la situación afecta especialmente a “las empresas que tienen una impronta importante de obra pública, porque hay menos trabajo, menos facturación y las encuentra con deudas bancarias y con proveedores”.
Enfatizó que ese escenario hizo que muchas apunten a “reconvertinos” y diferenció las administraciones provinciales que, a diferencia de Nación, le dieron continuidad a obras utilizando recursos propios.
“En ciertas provincias como Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, San Juan, Córdoba o La Pampa las administraciones mantienen un nivel relativamente importante”, que hace que las empresas de dichas provincias estén en una situación menos mala que las demás.
Diferente es el panorama, dijo, en la rama privada, en donde se registró un repunte que implicó la contratación de 3500 empleados en octubre, a partir de las inversiones en ítems como el “petróleo, el gas, la minería, las telecomunicaciones y la parte inmobiliaria‘ que empujan un ‘razonable nivel de actividad’”.
Pedido
La CAMARCO emitió un comunicado al final de las deliberaciones en el que alertó sobre el deterioro de la “infraestructura existente” ante la falta de inversiones.
Si bien ensalzaron las medidas económicas impulsadas desde Nación, advirtieron “sobre las consecuencias derivadas en la falta de inversión en mantenimiento y preservación de la infraestructura existente” y manifestaron su “preocupación” ante el hecho de que “el esfuerzo realizado en la instrumentación de nuevas medidas destinadas a atraer inversiones se contraponen con el déficit de dicha infraestructura”.
Por ello advirtieron “sobre los peligros y perjuicios que supondrá el deterioro de la infraestructura existente” y pidieron que “se avance con celeridad en el tratamiento de todos los contratos vigentes en su jurisdicción, consensuando una transición ordenada para la continuidad de los contratos en los casos posibles o bien la recisión de los mismos, en el marco de las garantías jurídicas existentes”.
Instaron también a que “todas las acciones, para viabilizar inversiones, se lleven a cabo con prontitud y esquemas eficientes” y que se simplifiquen “procesos que ayuden a la mejor eficiencia de los actores. Sólo así se podrá permitir el crecimiento de un sector tan importante para el país, conservando el capital humano, estructura y conocimiento acumulado”, cerraron.
