La jueza María Carolina Castagno reafirmó lo que había votado en septiembre y negó el pedido fiscal de aplicar prisión preventiva al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. Dijo que Fiscalía no justificó que esa medida sea «necesaria, indispensable, proporcional y menos razonable».
Y cuestionó que le pedido de prisión preventiva en la Unidad Penal se haya pedido «hasta que la sentencia quede firme, extensión que no se puede cuantificar en el tiempo». La jueza afirmó que si hubiera intento de fuga existen «medidas alternativas» a la restricción de la libertad, y se inclinó por la domiciliaria para el exfuncionario, condenado en el megajuicio a 6 años y 6 meses de prisión.
«Hay un amplio abanico de opciones antes de llegar a la prisión preventiva», y reiteró su posición expuesta en la audiencia de septiembre, cuando el tribunal que integró rechazó el pedido fiscal de aplicar prisión preventiva. «No advierto que haya cambiado nada respecto de aquella situación», alegó. Insistió en aplicar medidas «menos gravosas» que la prisión preventiva hasta que la condena quede firme.
En forma contraria, el vocal Julián Carlos Vergara atendió el fallo de Casación del martes 19 y entendió que a Báez le caben las mismas condiciones que al exgobernador Sergio Urribarri y que a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, que desde el martes están alojados con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
También el juez Elvio Osir Garzón se inclinó por aplicarle prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná a Báez. «Se verifica en el presente caso el peligro de fuga», enunció el magistrado, al igual que en los casos de Urribarri y de Aguilera. «La prisión domiciliaria no resulta suficiente y la única medida para frustrar ese cometido es la prisión preventiva en la Unidad Penal. Así se reduce a nada la idea de fuga», agregó.
El Ministerio Público Fiscal había formalizado el martes 19 la petición para que se le aplique también prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, condenado en 2022 en el marco del megajuicio a 6 años y 6 meses de prisión. De ese modo, quiere que corra la misma suerte que los otros dos condenados, el exgobernador Sergio Urribarri, y su cuñado Juan Pablo Aguilera, ya alojados en la cárcel de la capital provincial.
La petición de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se formalizó ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones conformado por María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón, y con la presencia de los defensores de Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez.
Desde el martes 19, el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, están alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná como consecuencia de una resolución de la Cámara de Casación Penal que revocó el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de principios de septiembre e hizo lugar al pedido de Fiscalía y les dictó prisión preventiva ante el riesgo de fuga.
El tribunal ya se había pronunciado respecto de la petición de los fiscales.
